En el pleno municipal celebrado el 9 de noviembre de 2018 el Ayuntamiento de Calp (Alicante) aprobó una moción que considero tiene una especial transcendencia y significación en cuanto que supone un pequeño paso hacia eso que venimos señalando desde hace algún tiempo de la necesidad de un nuevo modelo de comunicación en las administraciones públicas.

La moción aprobada (aquí tienes el video-acta) fue presentada por el grupo municipal Compromís y en ella se señala que la Corporación en pleno se compromete a no considerar como medio de comunicación a cualquier medio que se entienda que no cumple con el código deontológico del periodismo previsto en la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España). Se hace referencia en concreto al artículo 2 en donde se señala que el primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad.

Pero esa moción no se queda ahí sino que añade, y es aquí lo importante, el que tiene que decidir si se cumple o no con ese artículo número 2 y por tanto determinar que es un medio de comunicación o no, será el departamento técnico de comunicación del Ayuntamiento.

He estado buscando y preguntando a algunos compañeros si conocían ejemplos similares de esta medida en otras administraciones públicas. Hasta donde he podido averiguar no he encontrado nada, por lo que estaríamos ante el primer caso en el que una administración pública considera que el criterio ético y profesional de los periodistas es el que debe primar más allá de lo que opinen los políticos.

Analicemos algunos aspectos de esta medida para comprender el porqué de su importancia:

Antecedentes

Esta moción tiene su origen en una situación protagonizada por la publicación «Más Portal» cuyo editor ha sido denunciado por la Fiscalía por supuesta extorsión y amenazas a alcaldes. Al margen de los hechos denunciados y centrándonos en la publicación, basta echar un vistazo para comprobar que ni el estilo ni el tono es el que correspondería a un medio de comunicación que quisiera denominarse como tal.

Y es que hoy en día tener un medio de comunicación parece que es muy fácil y sencillo. Los nuevos formatos digitales permiten a cualquier persona poder publicar sin requerir grandes inversiones económicas como pasaba antes, cuando para poder editar un periódico se necesitaba de infraestructuras e inversión en rotativas y distribución. Lo mismo pasa con una televisión o una radio.

Y aquí es donde entramos en un debate sobre lo que sería o no un medio de comunicación. ¿Si yo desde mi casa en un ordenador abro una web y publico soy ya un medio de comunicación? ¿si retransmito con un teléfono móvil ya soy una televisión? ¿y si soy periodista y abro esa web o retransmito ya soy un medio de comunicación?

Este debate podría no tener mayor transcendencia si nos limitásemos simplemente a publicar o emitir pero entramos en un aspecto delicado, y es el acceso a la publicidad institucional a la que optan los medios de comunicación. Porque no nos olvidemos que los medios de comunicación son empresas, y a no ser que sea un romántico, si abro un medio de comunicación lo hago para obtener beneficios económicos.

Por lo que si publico y soy un medio de comunicación y además tengo muchas visitas y alcance, ¿por qué no voy a poder tener acceso a parte del pastel de la publicidad institucional?

El tema es realmente complicado ya que ¿tener más o menos alcance o un aspecto de medio de comunicación hace que una publicación sea un medio de comunicación?

Rotundamente no. Lo que diferencia a un medio de comunicación de un panfleto es que tanto la publicación como los profesionales que trabajan en ellos asumen los códigos deontológicos y profesionales que regulan la profesión periodística.

La clave es el departamento técnico de comunicación

En la moción que se ha aprobado en el Ayuntamiento de Calp se señala que sea el departamento técnico de comunicación del ayuntamiento el que determine si una publicación es un medio de comunicación o no. Es decir, se deja en mano de los profesionales de la comunicación los que dictaminen si se cumplen con esos criterios éticos y profesionales para tener la consideración de medio de comunicación.

Esto es especialmente significativo en un entorno como el de las administraciones públicas donde lo habitual es ver que los que toman las decisiones en materia de comunicación son los políticos o asesores políticos.

Por tanto, el que se confíe esta función a los técnicos es algo de valorar y destacar en cuanto es un paso hacia lo que hemos hablado en otras ocasiones de la importancia de la separación de la información de servicio público y la de carácter político en las administraciones públicas.

Hay un matiz importante en el uso de la palabra «técnico» ya que muchos departamentos de comunicación o gabinetes de prensa en las administraciones públicas están compuestos o dirigidos por personas que no forman parte de la administración pública, ya que generalmente son puestos de confianza que suelen estar vinculados a los cargos políticos.

Cuando se señala que sea el departamento «técnico» se especifica que no sean más que aquellas personas que ocupan ese puesto, es decir, funcionarios. Esto es especialmente relevante ya que dota de autoridad a las personas que trabajan en estos departamentos de la misma forma que la tienen los técnicos de informática, contratación o subvenciones.

Apuesta por las personas que nos dedicamos a la comunicación en las administraciones públicas

Esta moción es también importante en cuanto reconoce la profesionalidad y el trabajo de las personas que nos dedicamos a la comunicación en las administraciones públicas.

Esa apuesta tiene su reflejo en el Ayuntamiento de Calp en cuanto a que las tres personas que trabajan en el departamento de comunicación son todas periodistas funcionarias de carrera, algo bastante inusual en las administraciones públicas y que sin embargo debería ser lo habitual.

Garantía para los ciudadanos

Pero si a alguien beneficia verdaderamente esta moción no es ni a lo políticos ni siquiera a las personas que trabajamos en el departamento de comunicación. Realmente los beneficiados son los ciudadanos, en este caso los ciudadanos de Calp.

Y es que no nos olvidemos que los periodistas que trabajamos en las administraciones públicas tenemos una doble responsabilidad con los ciudadanos para los que trabajamos. Por un lado somos garantes del derecho a la información, algo inherente a nuestra labor de periodistas, y por otro lado como empleados públicos en cuanto a que el servicio público al ciudadano es lo que siempre debe motivar nuestro trabajo.

En este caso la garantía va más allá ya que afectará no sólo al derecho a la información sino a cómo se emplean los recursos económicos destinados a la publicidad institucional, algo de lo que hablaremos en otra ocasión ya que la aprobación de la Ley 12/2018 de 24 de mayo, de la Generalitat, de publicidad institucional para el interés ciudadano (si, «para el interés ciudadano») está permitiendo poner orden en este ámbito.

Por tanto, esta doble responsabilidad de los periodistas que trabajamos en las administraciones públicas nos obligaría a ser especialmente cuidadosos y celosos en el desempeño de nuestro trabajo.

Ponemos continuar el debate en el grupo de Facebook de Redes Sociales y Administraciones Públicas.