Casi nadie discute ya la importancia de que las administraciones públicas estén en redes sociales. La apertura de perfiles y cuentas de organismos públicos va en aumento abriendo nuevos canales de comunicación con los ciudadanos y aumentado con ello la transparencia y la participación ciudadana.
Sin embargo, si nos fijamos en el uso que de las redes sociales hacen los empleados públicos la cosa cambia. Nos encontramos principalmente con dos situaciones:
– Por un lado el desconocimiento y el poco uso que de las redes sociales hacen los funcionarios públicos, ya no sólo a nivel profesional sino incluso a nivel personal. Muchos achacan esta poca presencia a que la media de edad de los funcionarios en España es elevada, sin embargo, eso mismo no es óbice para que se hayan incorporado a otras innovaciones tecnológicas mucho más complicadas (contratación electrónica por ejemplo).
– Por otro lado, para aquellos que sí las conocen y que saben cómo sacarles provecho para su trabajo, se encuentran con la barrera de que es la propia administración pública la que limita y “capa” el acceso no sólo a las redes sociales, sino incluso también a internet.
¿Cómo vamos a hablar de una administración pública 2.0 y de incorporar nuevas formas de comunicación con los ciudadanos si es la propia administración la que limita el acceso de sus trabajadores a las mismas?
No podemos pretender tener una administración 2.0 sino tenemos funcionarios 2.0.
Muchos son los argumentos que se utilizan para limitar ese acceso: son un elemento de distracción, son sólo un entretenimiento…. Detrás de ello se suele esconder una forma de gestión de las personas más propias de otro siglo porque:
– Considera a los funcionarios poco más que niños de colegio que no tienen ningún tipo de responsabilidad del uso que pueden hacer de internet y por extensión del resto de herramientas que la administración pone a su disposición.
– Parece ser que ahora el único elemento de distracción de un funcionario son las redes sociales e internet, ¿acaso alguien controla los accesos al “solitario”?
– Y ya puestos, da igual que se limite el acceso, si un funcionario quiere consultar su Facebook o su Twitter no necesita tener internet en el ordenador del trabajo porque ya lo lleva en su móvil.
Al final, lo que se deja entrever detrás de estas posturas es un profundo desconocimiento de lo que suponen internet y las redes sociales como canal de información, de formación y de generación de conocimiento compartido. Generalmente a las personas que esgrimen estos argumentos cuando les preguntas si están presentes en alguna red social te dicen que no. Y yo me pregunto, ¿cómo pueden opinar de algo que desconocen?
Hace algún tiempo escribí un post con 8 razones para que los funcionarios públicos estén en LinkedIn, esas mismas razones podrían servir para Twitter o Facebook. Pero no sólo están estas plataformas horizontales o generalistas, también encontramos redes sociales EXCLUSIVAS para funcionarios. Así tenemos INAP Social del Instituto Nacional de Administraciones Públicas, Goblonet de la Federación Española de Municipios y Provincias o Novagob. Esta última es la red social de la administración pública de la que ya forman parte más de 5.000 empleados públicos los cuales utilizan este canal para compartir información, experiencias y para crear redes de contactos entre personas que tienen en común el hecho de trabajar en una administración pública.
Sin duda queda todavía mucho por hacer, y el principio de todo pasa por ofrecer formación a aquellos funcionarios que desconocen cómo pueden utilizar las redes sociales y sacar el máximo provecho de las mismas.
Aunque a lo mejor no sería eso lo primero que habría que hacer, lo primero sería eliminar la censura y dejar libre el acceso a los empleados públicos a internet y a las redes sociales, y confiar en la profesionalidad y responsabilidad de nuestros empleados públicos sobre el uso que puedan hacer de los mismos.
